Mandatarios, no dejen en espera a la niñez

Así lo reveló el Departamento Nacional de Planeación (DNP), al presentar los resultados del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), con cobertura en 23 departamentos, 1.046 municipios y Bogotá. En el país más de 600.000 niños se dedican al trabajo infantil.

El modelo dado a conocer en el Seminario Herramientas y Políticas para Superar el Trabajo Infantil en Colombia le permitirá a los nuevos alcaldes y gobernadores fortalecer las políticas de prevención, ya que identifica a departamentos y municipios e incluso personas con mayores riesgos de incurrir en este fenómeno.

La información del MIRTI, desarrollado por el DNP con el apoyo de la OIT y la CEPAL, permite estimar la probabilidad de trabajo infantil de los niños, niñas y adolescentes incluidos en más de 7,9 millones de registros de la encuesta Sisbén, alrededor del 72% de la población infantil del país.

En Colombia, las consecuencias del desplazamiento forzado, la tortura, el homicidio, el secuestro, la violencia sexual, los campos minados, el reclutamiento, entre otros hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, se reflejan en los impactos psicosociales y en las afectaciones a la vida digna de las niñas, niños y adolescentes que hoy representan más de la tercera parte de la población víctima del país (2.237.049 niños, niñas y adolescentes víctimas directas).

Estos crímenes cometidos contra los niños, niñas y adolescentes tienen implicaciones de diversa índole, no solo morales, legales y éticas sino también económicas y políticas, en tanto que estas situaciones atentan contra el capital humano de un país y, por ende, en su desarrollo.

Como sujetos de derechos y de especial protección constitucional, el restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado es el primer paso en el camino hacia su reparación integral y en la reconstrucción de sus proyectos de vida; lo cual redunda en el objetivo de alcanzar la reconciliación y re construcción del tejido social de nuestro país.

Este documento fue elaborado por NiñezYA, iniciativa de naturaleza social creada en 2017 para contribuir con la garantía de los derechos de la niñez, como lo señala la Constitución de Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño y los desarrollos legislativos vigentes. A fin de lograr su propósito, realiza gestiones de incidencia durante la elaboración de los programas de gobierno de candidatos a cargos de elección popular, al igual que en la formulación e implementación de planes de desarrollo y planes sectoriales de quienes resulten elegidos para la presidencia, alcaldías y gobernaciones.

El comité coordinador de NiñezYA está compuesto por 18 organizaciones: Aldeas Infantiles SOS, Alianza por la Niñez Colombiana, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), Corporación Juego y Niñez, Fondo Acción, Fundación Bernard van Leer, Fundación Empresarios por la Educación (FExE), Fundación Éxito, Fundación Lumos Colombia, Fundación PLAN, Fundación Restrepo Barco, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save the Children, Fundación Tiempo Feliz, Jerez&Sandoval – Medios y RS, Primero lo Primero, Proantioquia y World Vision.

Desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia.

• Pacto por la equidad: 510,1 billones de pesos de 2018
• Primero las niñas y los niños: 31,2 billones de pesos

La Política Nacional de Infancia y Adolescencia tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; por tanto, el compromiso de generar las condiciones de bienestar y acceso a oportunidades con equidad, así como favorecer la incidencia de niñas, niños y adolescentes en la transformación del país. En ese sentido, reconoce a todas las niñas, todos los niños y todos los adolescentes como sujetos titulares de derechos prevalentes y ordena la acción del Estado alrededor su desarrollo integral, sin restricción de ningún tipo, ni de situación, condición o contexto.

El desarrollo de la infancia y la adolescencia y las apuestas expresadas en este documento están estrechamente ligados al desarrollo económico, social, político y cultural del país. Los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requieren que cada uno de ellos cuente con las oportunidades que le permitan potenciar sus capacidades y alcanzar el máximo nivel de garantía de sus derechos.